El
Ministerio Público (MP) abrió una investigación con la finalidad de determinar la
presunta participación de exdirectivos y exfuncionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de otros organismos
de seguridad del Estado, en la clandestina negociación con actividades relacionadas
con el secuestro.
En ese
sentido, el director general Contra la Delincuencia Organizada
del MP, Alejandro Castillo Soto, informó que fue comisionado el fiscal 69°
nacional, Daniel D´Andrea, quien es experto en materia de secuestros, para que actúe
no sólo en el esclarecimiento del reciente plagio de un empresario en el Este
de la ciudad Capital, sino que además se determine los términos en que exfuncionarios
del Cicpc han fungido como negociadores entre la familia del secuestrado y los
presuntos delincuentes.
A juicio de
Castillo Soto, no se justifica que hayan surgido personas dedicadas a la
intermediación entre la familia de los secuestrados y los secuestradores,
cuando el Ministerio Público cuenta con la Unidad Antiextorsión
y Secuestro y fiscales especializados en esta materia, quienes actúan coordinadamente con el Cicpc, el Grupo
Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana y otros organismos
de seguridad del Estado en tales delitos característicos de la delincuencia
organizada.
En el MP
existe la preocupación puesto que estos nuevos “negociadores” se han convertido
en perturbadores de las acciones que se realizan para liberar a quienes han
sido víctimas de un secuestro.
Adicionalmente, se ha podido
determinar que cuando las familias de los afectados aceptan la colaboración de dichos negociadores, éstos a
cambio exigen alojamiento en lujosos hoteles y cancelación de gastos
exorbitantes.
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