jueves, 19 de julio de 2012

Fiscalia condena para exalcalde del municipio Miranda del estado Zulia por corrupción

Ante la contundencia de los medios de pruebas presentados por el Ministerio Público, fue condenado a cuatro años de prisión el exalcalde del municipio Miranda (Los Puertos de Altagracia) del estado Zulia, Carlos Barboza, quien admitió haber cometido irregularidades durante su gestión entre los años 2005 y 2006.
            En audiencia preliminar, los fiscales 57º nacional auxiliar y 25º del Zulia, Laura Romano y Manuel Núñez, respectivamente, ratificaron la acusación contra el exalcalde por la comisión de los delitos de peculado doloso propio en grado de continuidad y concierto de funcionario con contratista.
            Los referidos delitos están previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción.
            Luego que el exfuncionario admitiera su responsabilidad en el hecho, el Tribunal 1º de Control del estado Zulia, extensión Cabimas, dictó la referida condena contra el hombre, la cual cumplirá de acuerdo a como lo determine una instancia de ejecución.
            Conviene destacar que el mencionado Tribunal acordó la inhabilitación política de Barboza por cuatro años.
Vale recordar que por este caso están en etapa de juicio Luis Ramón Azuaje, Mireya y Zenobia Méndez, representantes de una empresa de asesoría y cursos de adiestramiento, quienes están acusados por la presunta comisión de los delitos de concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir.
Asimismo, se encuentra en etapa de juicio Lorena del Rosario Piñero, quien fue la directora general de la citada alcaldía, acusada por la presunta comisión de los delitos de obtención ilegal de utilidad en acto de administración pública.
La investigación se inició en febrero de 2007, tras una denuncia formulada por el actual alcalde del referido municipio, Tiberio Bermúdez, quien detectó el cobro irregular de cheques por más de 600 mil bolívares bajo el pretexto de donaciones.
Igualmente, la investigación determinó que hubo irregularidades en la contratación de servicios profesionales concertados con una empresa asesora y de cursos, compañía que finalmente recibió a través de sus representantes (Azuaje y las hermanas Méndez) más de 3 millones de bolívares por concepto de contratos otorgados irregularmente.





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