El Ministerio Público
logró privativa de libertad para dos sexagenarios, por su presunta vinculación
con las actividades ilícitas del colombiano Daniel Barrera, quien fue
aprehendido por autoridades venezolanas el pasado 18 de septiembre en San
Cristóbal, estado Táchira.
En
la audiencia de presentación, la fiscal de la sala flagrancia del estado Lara,
Leidy Olivo, imputó a Antonio Nayef Gebrán Nasinaf (65) y a Osorio Jesús Iturbe
Reyes (63), por presuntamente incurrir en los delitos de contrabando, asociación
para delinquir, ocultamiento de armas, falsificación de sellos y resistencia a
la autoridad.
Adicionalmente,
Iturbe Reyes fue imputado por los delitos de ocultamiento de arma de guerra y
de municiones.
Dichos
delitos están previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo.
Ambos
hombres fueron presentados ante el Tribunal 1° de Control de Lara, instancia
que una vez evaluados los elementos de convicción presentados por el Ministerio
Público, acogió la precalificación
fiscal, decretó la privativa de libertad y fijó como sitio de reclusión el
Centro Penitenciario de la
Región Centro Occidental, conocido como Uribana.
Los
dos hombres fueron aprehendidos durante un allanamiento que realizaron
funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en una
residencia ubicada en la avenida Lara, frente al Country Club de Barquisimeto.
En dicho
procedimiento judicial fueron encontrados 11 vehículos de lujo, entre ellos un
BMW, un Lamborghini, una Hummer, una camioneta Porche, un Camaro, un Ford
Mustang, una Jeep modelo Rubicon, una camioneta blindada marca chevrolet,
modelo Trailblazer; además de vehículos sin documentación, razón por la que fueron retenidos.
Igualmente,
fueron halladas en el interior de la casa dos escopetas, un fusil M-16 del cual
habría tratado de deshacerse Iturbe Reyes al lanzarlo para un terreno baldío
ubicado al lado del inmueble, junto con un revólver y sellos húmedos.
El
allanamiento se realizó el pasado 10 de octubre, luego de una solicitud que
realizó el Ministerio Público al Tribunal 3° de Control de Lara, instancia que
acordó la petición el mismo día.
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