martes, 2 de octubre de 2012

12 años de prision contra hombre que arrolló a joven en pique de carro

Ante la acusación del Ministerio Público, fue condenado a 12 años de prisión Randy De León Valdivieso (23), por la muerte por arrollamiento de Joandry Hernández Sánchez (18) ocurrida el 09 de junio de 2011, cuando éste  participaba en un pique de carros en el municipio Bermúdez, Carúpano, estado Sucre.
            Durante el juicio, la fiscal 7º del segundo circuito judicial de la citada jurisdicción, Elvismary Hernández, ratificó la acusación contra el hombre por el delito de homicidio intencional simple a título de dolo eventual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 405 del Código Penal en relación con la sentencia N° 490 de carácter vinculante de la Sala  Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
            Luego de evacuadas las pruebas, el Tribunal 1º de Juicio de Carúpano dictó la sentencia condenatoria contra De León Valdivieso, quien permanece recluido en el centro de coordinación policial José Francisco Bermúdez de la policía del estado Sucre. 
            El citado día, aproximadamente a las 10:40 de la mañana, el hombre se trasladaba por la vía principal Carúpano-Cariaco, sector Las Cabañas de la parroquia Bolívar del prenombrado municipio, en un carro modelo Corsa, color rojo.
El ahora condenado participaba en una competencia de velocidad con otro auto del mismo modelo, cuando perdió el control de su carro y arrolló a Hernández Sánchez, quien se encontraba enfrente de su casa.
No obstante, el conductor prosiguió su marcha hasta impactar con un camión que estaba estacionado en la vía y, finalmente, chocó contra un poste de electricidad.
Valdivieso fue auxiliado y trasladado hasta el hospital Santos Aníbal Dominicci, donde luego de ser dado de alta médica fue llevado al comando de la policía regional, para su presentación ante el tribunal de control.
Vale recordar que el 12 de abril de 2011, por sentencia N° 490, la Sala Constitucional del TSJ declaró con lugar el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión de la Sala Penal del 29 de octubre de 2009, que señalaba que el dolo eventual no estaba contemplado en la legislación venezolana.






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