El Ministerio Público logró privativa de libertad para dos funcionarios de la Gobernación del estado Táchira, por presuntamente estar vinculados con irregularidades en la cancelación de pasivos laborales, acción que habría ocasionado un daño patrimonial de aproximadamente 3.800.000 bolívares.
Estos hechos de corrupción habrían ocurridos en la institución entre julio y diciembre de 2011.
Durante la audiencia de presentación, las fiscales 51º nacional y 23º auxiliar de esa jurisdicción, Rochelly Barboza y Yuly Osorio Andara, respectivamente, imputaron a los funcionarios de la dirección de Cultura, Giulliana Giraldo y Luis Contreras por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio continuado y asociación para delinquir.
Tales delitos están previstos y sancionados en leyes Contra la Corrupción y Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
En ese sentido, el Tribunal 4º de Control del estado Táchira, con base en los elementos de convicción expuestos por las fiscales, dictó la medida privativa de libertad para los dos funcionarios y fijó como sitio de reclusión la comandancia general de la policía regional, mientras se cumple el lapso correspondiente para la presentación del acto conclusivo.
Vale destacar que por este mismo caso, están privados de libertad la directora de Finanzas, Elsi Márquez; la tesorera general del estado Táchira, Alix Debia; el director de Presupuesto, José Valladares; el director de Personal, Felipe Montilla, y el jefe de la división de Administración y Control de Personal, Jesús Moncada.
Igualmente, se encuentran privados de libertad la asistente de la dirección de Personal, Blanca Acevedo; el analista de Nómina, Pedro Celis; el funcionario de la dirección de Cultura, Jorge Montilla; el asesor legal Carlos Mora y el obrero Julio Pabón.
La investigación del caso se inició el pasado 14 de febrero, en virtud de una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público en la que se señala que entre julio y diciembre de 2011 habrían ocurrido irregularidades vinculadas con la cancelación de los pasivos laborales de los funcionarios que trabajan en la Gobernación del estado Táchira.
Luego de varias diligencias realizadas por el Ministerio Público, se logró constatar que dicha cancelación también habría sido realizada a terceras personas ajenas a la Gobernación.
Se presume que la afectación al patrimonio público por este hecho es de aproximadamente 3.800.000 bolívares.
El 17 de febrero, Pedro Celis y Felipe Montilla se presentaron ante la Fiscalía 23º del estado Táchira, tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 2º de Control de esa jurisdicción.
Al día siguiente, Alix Debia, José Valladares y Elsi Márquez fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en San Cristóbal, quienes también se encontraban solicitados por la misma instancia judicial.
El 29 de febrero, Blanca Acevedo y Jesús Moncada se pusieron a derecho ante el Tribunal 4º de Control del estado Táchira.
El 08 de marzo, Jorge Montilla, Carlos Mora y Julio Pabón se presentaron ante el referido despacho fiscal.
Asimismo, el 12 de marzo Giraldo y Contreras se presentaron ante la sede del Cicpc de esa jurisdicción.
De esta manera, suman 12 las personas privadas de libertad por tal hecho de corrupción.
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