Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado a cinco años de prisión el funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Carlos Julio Rojas, tras admitir su responsabilidad en el intento de cambiar evidencia de un homicidio frustrado en el que habrían participado un compañero de trabajo y dos civiles.
El hecho ocurrió el 29 de agosto de 2011, en el hospital “Instituto Universitario de los Andes”, ubicado en el municipio Libertador, estado Mérida.
Previo a la constitución del Tribunal mixto, los fiscales 2º y 19º de esa jurisdicción, Wilson Iguarán y José Lobo, respectivamente, ratificaron la acusación contra Rojas por la comisión de los delitos de peculado doloso impropio y encubrimiento previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción.
Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por el Ministerio Público y ante la admisión de hechos por parte de Rojas, el Tribunal 1° de Juicio del estado Mérida dictó la referida condena contra el funcionario policial, quien posee una medida cautelar de arresto domiciliario, hasta tanto una instancia de ejecución determine la forma de cumplimiento de la pena.
El citado día, Rojas ingresó al mencionado centro hospitalario en el que se encontraba un joven de 21 años de edad, víctima de un presunto intento de homicidio por parte del funcionario del Cicpc, Gabriel Ferrer, y los civiles Josue Márquez y Yhomar Morales.
Una vez dentro del centro asistencial, Rojas intentó cambiar evidencia del hecho antes mencionado.
Minutos más tarde, uno de los galenos presentes se dio cuenta de lo sucedido, por lo que informó a funcionarios de la Policía del estado Mérida, quienes aprehendieron a Rojas.
El hecho ocurrió el 29 de agosto de 2011, en el hospital “Instituto Universitario de los Andes”, ubicado en el municipio Libertador, estado Mérida.
Previo a la constitución del Tribunal mixto, los fiscales 2º y 19º de esa jurisdicción, Wilson Iguarán y José Lobo, respectivamente, ratificaron la acusación contra Rojas por la comisión de los delitos de peculado doloso impropio y encubrimiento previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción.
Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por el Ministerio Público y ante la admisión de hechos por parte de Rojas, el Tribunal 1° de Juicio del estado Mérida dictó la referida condena contra el funcionario policial, quien posee una medida cautelar de arresto domiciliario, hasta tanto una instancia de ejecución determine la forma de cumplimiento de la pena.
El citado día, Rojas ingresó al mencionado centro hospitalario en el que se encontraba un joven de 21 años de edad, víctima de un presunto intento de homicidio por parte del funcionario del Cicpc, Gabriel Ferrer, y los civiles Josue Márquez y Yhomar Morales.
Una vez dentro del centro asistencial, Rojas intentó cambiar evidencia del hecho antes mencionado.
Minutos más tarde, uno de los galenos presentes se dio cuenta de lo sucedido, por lo que informó a funcionarios de la Policía del estado Mérida, quienes aprehendieron a Rojas.
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