martes, 13 de noviembre de 2012

Fiscalia logró que comerciante pague 700 mil bolívares por violencia patrimonial

Tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el comerciante de ascendencia árabe Pedro Dayekh Kabakolak, admitió en audiencia preliminar haber incurrido en violencia psicológica, patrimonial y económica en perjuicio de su exconcubina, a quien tendrá que pagarle 700 mil bolívares luego de llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima.
            El comerciante, quien fue acusado por la fiscal 135° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Milagros Rengifo, por incurrir en los delitos antes mencionados, desalojó del apartamento a su exconcubina el 23 de agosto de 2010, día cuando la afectada colocó la denuncia ante el Ministerio Público.
            Cabe destacar, que el delito de violencia psicológica está previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, que establece  que “quien mediante tratos humillantes y vejatorios, ofensas, aislamiento, vigilancia permanente, comparaciones destructivas o amenazas genéricas constantes, atente contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer, será sancionado con prisión de seis a dieciocho meses”
            De acuerdo con lo tipificado en la misma Ley, la violencia patrimonial y económica se encuentra previsto y sancionado en el artículo 50, el cual prevé que “El cónyuge separado legalmente o el concubino en situación de separación de hecho debidamente comprobada, que sustraiga, deteriore, destruya, distraiga, retenga, ordene el bloqueo de cuentas bancarias o realice actos capaces de afectar la comunidad de bienes o el patrimonio propio de la mujer, será sancionado con prisión de uno a tres años”.
            El Tribunal 6° de Control del AMC, donde se llevó a cabo la audiencia, decidió la suspensión del proceso por el delito de violencia psicológica, mientras que por violencia patrimonial y económica, homologó el acuerdo reparatorio, conforme con lo establecido en los artículos 41 y 42 del Código Orgánico Procesal Penal.
            Tras la investigación coordinada por el Ministerio Público, se pudo comprobar que la pareja convivió durante siete años, tiempo durante el cual lograron fundar dos mueblerías, sin embargo, a lo largo del proceso el hombre sostuvo que su relación con la víctima era sólo comercial.
            A través de la investigación, también se logró determinar que el día que concluyó la relación, Dayekh Kabakolak decidió cambiar las cerraduras del inmueble que ambos habitaban, desincorporó a la mujer de las cuentas bancarias en común y de los seguros de vida y, además, la desalojó de la vivienda, pues la ropa de la víctima la dejó en la puerta del edificio.







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lunes, 12 de noviembre de 2012

Privan de libertad a hombre por secuestro de médico en el estado Miranda

El Ministerio Público logró privativa de libertad para Pablo de Jesús Vásquez (30), por su presunta responsabilidad en el secuestro de un médico, quien fue plagiado el pasado 29 de octubre en el municipio Zamora (Guatire) del estado Miranda.
            Durante la audiencia de presentación, la fiscal 4º de esa jurisdicción, Adriana Graterol, imputó a Vásquez por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.
            En ese sentido, el Tribunal 2° de Control del estado Miranda, con base en los elementos de convicción expuestos por la fiscal, dictó la medida privativa de libertad para el hombre y fijó como sitio de reclusión Internado Judicial Rodeo III, mientras se cumple el lapso correspondiente para la presentación del acto conclusivo.
            De acuerdo con la investigación, el citado día, en horas de la madrugada, el médico salía de su vivienda ubicada en la mencionada jurisdicción, cuando habría sido abordado por varios hombres quienes lo secuestraron.
            Seguidamente, los victimarios solicitaban la cantidad 3 millones de bolívares para no atentar contra la vida del galeno.
            El 01 de noviembre, la víctima fue liberada en Guatire.
Cinco días después de la liberación, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas aprehendieron a Vásquez por su presunta vinculación con el secuestro y fue puesto a la orden del Ministerio Público.






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Fiscalia logró pase a juicio de dueño de embarcación que transportaba 664 panelas de cocaína

En virtud de la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el enjuiciamiento de Adrián José Gómez, propietario de la embarcación Doña Antonieta, en la cual fueron incautadas 664 panelas de cocaína el 24 de octubre de 2007, cuando se encontraba en aguas internacionales, cerca de las islas San Vicente y las Granadinas al norte de Venezuela.
En la audiencia preliminar, el fiscal 4º auxiliar de Nueva Esparta, José Antonio Prieto, ratificó la acusación contra el hombre por la presunta comisión del delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en grado de cooperador inmediato, y asociación para delinquir.
Los referidos delitos están previstos en las leyes orgánicas contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y contra la Delincuencia Organizada, ambas vigentes para el momento del hecho, además del Código Penal.
El Tribunal 2º de Control de Nueva Esparta admitió la acusación y las pruebas presentadas por el Ministerio Público, ordenó el pase a juicio del hombre y ratificó la medida de privación de libertad de Gómez, quien está recluido en el Internado Judicial de la Región Insular.
El 13 de junio de este año, Gómez fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, tras una orden de aprehensión existente en su contra desde el 31 de octubre de 2007, solicitada por el Ministerio Público y acordada por la mencionada instancia judicial.
Vale recordar que en octubre de 2007, José Pulido, Jesús Villarroel, Ramón González, Noel Hernández, José Hernández, Agustín Hernández y Richard Medina fueron detenidos cuando se encontraban a bordo de la embarcación Doña Antonieta.
Autoridades extranjeras, previa notificación a sus homólogos venezolanos, realizaron el procedimiento luego de observar que los hombres arrojaban al mar varios paquetes.
Durante esa acción fueron incautadas 664 panelas con un peso de 597 kilos con 835 gramos de cocaína.
Los siete hombres fueron condenados a ocho años de prisión, en mayo de 2008, durante la audiencia preliminar en la que admitieron su responsabilidad en el referido hecho.






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Privativa de libertad para vendedor de líneas telefónicas por secuestro de comerciante en el estado Zulia

El Ministerio Público logró privativa de libertad para Ender Pirela (25), por su presunta vinculación con el secuestro del propietario de una panadería, quien fue plagiado el 17 de julio de este año en un centro comercial ubicado en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, estado Zulia.
La fiscal 6º de la referida jurisdicción, Blanca Tigrera, imputó a Pirela por ser presunto cómplice en el delito de secuestro, aprovechamiento de acto falso y asociación para delinquir, previstos y sancionados en  la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, Código Penal y Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En este sentido, el Tribunal 12° de Control del Zulia, con base en los elementos de convicción expuestos por la fiscal, dictó medida privativa de libertad para Pirela y fijó como centro de reclusión el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite.
Es importante destacar que por este mismo hecho ya fue acusado Enmanuel Jesús Borguez Castellano (22), por ser presunto cómplice en el delito de secuestro, aprovechamiento de acto falso y asociación para delinquir.
De acuerdo con la investigación, Pirela le habría comprado varias líneas telefónicas a Borguez Castellano y posteriormente las habría revendido sin ser agente autorizado, utilizando copias de cédulas de identidad y huellas digitales falsas para justificar la venta de estas líneas que luego fueron utilizadas por un grupo de secuestradores.
Tras la investigación coordinada por los fiscales del Ministerio Público, se logró determinar la vinculación de estos hombres con el secuestro del comerciante, por lo que se solicitaron ante el mencionado Tribunal órdenes de aprehensión contra Pirela y Borguez Castellano, las cuales se ejecutaron en julio y noviembre, respectivamente. 





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12 años de prision para dos militares por muerte de encargado de peluquería en Boleíta Norte

En virtud de la acusación del Ministerio Público, fueron condenados a 12 años, 5 meses y 10 días de prisión, los efectivos militares Rause   Mijares Salinas (23) y Juan  Molina Uzcátegui (23), quienes admitieron su responsabilidad en la muerte del chileno Francisco López Nowodwrsky (43), ocurrida el 18 de octubre de 2010, dentro de un apartamento en el Parque Residencial del Este, ubicado en la urbanización Boleíta Norte,  avenida Rómulo Gallegos del municipio Sucre, estado Miranda.
       La fiscal 139° del Área Metropolitana de Caracas (AMC) con competencia para intervenir en las fases Intermedia y de Juicio, Silvia Honigman, ratificó la acusación contra Mijares (distinguido de la Policía Militar) y Molina (soldado del Ejército Nacional Bolivariano) por la comisión de los delitos de homicidio calificado en complicidad correspectiva y robo agravado de vehículo automotor.
         El Tribunal 29° de Juicio del AMC, una vez analizadas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, y ante la admisión de hechos por parte de los dos militares, dictó la referida sentencia condenatoria contra ambos hombres, quienes permanecen privados de libertad en el Internado Judicial de Yare I en el estado Miranda.
            De acuerdo con la investigación, el chileno, quien era encargado de una peluquería en el Centro Comercial Aloa de la avenida Rómulo Gallegos, conoció a uno de los efectivos en septiembre de 2010 y acordaron reunirse el 18 de octubre junto con unos amigos.  El acto social se produjo con toda normalidad y, al final del día, quedaron solos en el apartamento, la víctima y los dos militares.
            En ese ínterin se produjo una discusión que concluyó con la muerte de López, a causa de múltiples heridas por arma blanca. Posteriormente, los dos efectivos castrenses tomaron la camioneta Ford Explorer, propiedad del occiso, y se marcharon del lugar.
            Dicho vehículo fue encontrado abandonado en un sector de los Valles del Tuy, por lo que una vez que las autoridades realizaron las experticias de rigor al automóvil, fue hallado un celular y una identificación de la Policía Militar.
            Tales evidencias permitieron la aprehensión de los ahora condenados en un sector cercano a Cartanal, en el mismo estado Miranda.
            También sirvieron de elementos de pruebas en el juicio, los aportes de algunos testigos, quienes reconocieron que el día del hecho estaban en el apartamento de la víctima dos hombres con uniformes militares.






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Fiscalia acusó a hombre por muerte de su cónyuge en el estado Falcón

El Ministerio Público acusó a Oriel Castro (26), por presuntamente ser responsable de la muerte de su cónyuge Belkis González (27), quien falleció el pasado 26 de septiembre en la Península de Paraguaná, estado Falcón, a consecuencia de quemaduras en su cuerpo.
            El fiscal 16º de esa jurisdicción, Jesús Crespo, acusó a Castro por la presunta comisión del delito de homicidio calificado establecido en el Código Penal, con los agravantes previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En el escrito presentado ante el Tribunal 3° de Control de Falcón, el fiscal del caso solicitó la admisión de la acusación y el enjuiciamiento del hombre.
Asimismo, requirió que se mantenga la medida privativa de libertad para Castro, quien permanece recluido en la Comunidad Penitenciaria de Santa Ana de Coro.
            De acuerdo con la investigación, el 23 de septiembre, en horas de la noche, se presentó una discusión entre la pareja en su vivienda, ubicada en la población El Supí, por lo que Castro habría encerrado a la mujer en un baño y presuntamente le prendió fuego.
            El hombre fue aprehendido el 24 de septiembre, cuando se encontraba visitando a la víctima en el Hospital Dr. Rafael Calles Sierra, en Punto Fijo, por funcionarios de la Policía del estado Falcón.
            Vale destacar que la víctima falleció el 26 de septiembre en el referido centro hospitalario. 




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viernes, 9 de noviembre de 2012

Diez años de prision para policía de Bolívar por muerte de otro funcionario

Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado a 10 años y nueve meses de prisión el funcionario de la Policía del estado Bolívar, Luís Oliveros (28), tras admitir su responsabilidad en la muerte de su compañero Oscar Enmanuel Sobttee (28), ocurrida el 11 de junio de 2012, en el sector Mereisito del municipio Angostura, estado Bolívar.
            En la audiencia preliminar, el fiscal 5º del primer circuito de ese estado, Marco Flores, ratificó la acusación contra el funcionario por la comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía y uso indebido de arma de fuego, previstos y sancionados en el Código Penal.
            Luego de la admisión de los hechos por parte de Oliveros, el Tribunal 3º de Control de Ciudad Bolívar dictó la referida sentencia condenatoria contra  el funcionario, quien la cumplirá en el Centro de Coordinación Policial de Guaiparo.
            El 10 de junio, en horas de la noche, los mencionados funcionarios fueron a una fiesta por las adyacencias del referido sector hasta las 6 de la mañana del día siguiente.
Posteriormente, cuando iban de regreso al Comando, específicamente a la altura del kilómetro 3 de la vía férrea principal de la mina San Isidro, los efectivos policiales sostuvieron una discusión, momento en el que Oliveros le propinó varios disparos a Sobttee con su arma de reglamento, ocasionándole la muerte de manera instantánea.
            Horas más tarde, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) aprehendieron  a Oliveros y lo pusieron a la orden del Ministerio Público. 







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