Ante la acusación
presentada por el Ministerio Público, fueron condenados a penas que oscilan
entre dos y cinco años de prisión, la exfuncionaria del Sistema Nacional de
Contratista (SNC), Diurantzys Flores; y Mario Escalona Álvarez, tras admitir su
responsabilidad en hechos de corrupción efectuados en dicho organismo público.
En
la audiencia preliminar, los fiscales 78° nacional y auxiliar, Gustavo Li
Chang y Jesús Zerpa, respectivamente,
ratificaron la acusación contra Flores por la comisión de los delitos de acceso
indebido a sistemas tecnológicos, corrupción y asociación para delinquir.
Asimismo,
fue ratificada la acusación contra Escalona Álvarez por ser cómplice no
necesario en el delito de extorsión.
Luego
que las dos personas admitieron su responsabilidad en el hecho, el Tribunal 38°
del Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictó condena de cinco años
y tres meses de prisión para Flores, quien permanece recluida en el Instituto Nacional
de Orientación Femenina, ubicado en Los Teques, estado Miranda.
De
igual forma, la referida instancia judicial condenó a dos años y seis meses de
prisión a Escalona Álvarez, quien está a la espera que un Tribunal de Ejecución
determine la forma de cumplimiento de la pena.
Durante
la misma audiencia, los representantes del Ministerio Público ratificaron la
acusación contra el funcionario del SNC en Guárico, Luís Gómez Solano, por la
presunta comisión de los delitos de acceso indebido a sistemas tecnológicos,
corrupción y asociación para delinquir.
Igualmente,
se ratificó la acusación contra Emilio Franco por presuntamente incurrir en los
delitos de extorsión y asociación para delinquir.
En
ese sentido, el mencionado Tribunal de Control admitió la acusación y ordenó el
enjuiciamiento de Gómez y Franco, quienes permanecen recluidos en la Penitenciaría General
de Venezuela y en el Internado Judicial de Falcón, respectivamente.
La
investigación del caso inició el 23 de noviembre de 2011, a través de la
denuncia presentada por representantes del SNC ante el Ministerio Público, en
la cual aseguraron que existían irregularidades en el sistema de dicho organismo.
Luego
de varios procedimientos se determinó que Flores recibía dinero a cambio de
alterar el estatus de varias empresas en el sistema, con el fin de ser
beneficiadas para conseguir contratos con instituciones del Estado venezolano.
Por
su parte, Escalona Álvarez facilitó su cuenta bancaria para que le realizaran un
deposito a Franco, quien presuntamente ofrecía servicios de gestorías del SNC a
través de internet.
Mientras
que Goméz Solano fue denunciado a través de la página web del SNC, pues también
habría solicitado dinero para cambiar estatus de empresas.
Las
cuatro personas fueron detenidas en noviembre de 2012, en virtud de las órdenes
de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por el
Tribunal 38° de Control del AMC.
Fuente: Ministerio Publico
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