lunes, 3 de diciembre de 2012

30 años de prision para cuatro hombres por el secuestro y muerte de un productor agropecuario en Monagas

Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, fueron condenados a 30 años de prisión cuatro hombres por su responsabilidad en el secuestro y posterior muerte del productor agropecuario Alberto Febres (47).
La víctima fue plagiada el 03 de octubre de 2009, en la avenida Bolívar de la población Punta de Mata, ubicada en el municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas.
En el inicio del juicio oral y público, los fiscales 36º nacional y 13º de la referida jurisdicción, Johana Peña y Jesús Requena, respectivamente, ratificaron la acusación contra Ángel Palma (45), Jesús Ojeda (25), Adolfo Martínez (50) y Adolfredo Martínez (21), estos dos últimos padre e hijo, por la comisión del delito de secuestro con muerte en cautiverio en perjuicio de Febres.
Asimismo, los fiscales ratificaron la acusación contra los mencionados hombres por el delito de secuestro en perjuicio de un comerciante de 68 años de edad, quien fue secuestrado el 7 de enero de 2010, por el sector La Majagua, de la localidad Punta de Mata, estado Monagas.
Los hombres también fueron acusados por asociación para delinquir.
Adicionalmente, Adolfo Martínez fue acusado por incurrir en el delito de uso de cédula de identidad con datos falsos, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación.
Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por el Ministerio Público, el Tribunal 1º de Juicio de Monagas dictó la referida sentencia condenatoria  contra los cuatro hombres, quienes se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como El Dorado.        
El 03 de octubre de 2009, Febres se encontraba por las adyacencias de una panadería ubicada en el sector Punta de Mata, cuando fue abordado por varios hombres, quienes lo obligaron a montarse en un vehículo marca Chevrolet.           
Dos semanas después, los familiares de Febres recibieron llamadas, a través de la cuales les solicitaban un millón 500 mil bolívares a cambio de la liberación de la víctima, sin embargo, no se llegó a un acuerdo concreto con los plagiarios.
En ese sentido, tres meses después, el comerciante, quien era allegado a Febres, fue plagiado por el sector antes mencionado en circunstancias similares al caso anteriormente descrito.
De igual modo que con el hecho anterior, los familiares del secuestrado  recibieron llamadas para que cancelaran un millón de bolívares, pero esta vez para liberar a los dos hombres.
El 08 de enero de 2012, los familiares de las víctimas lograron un acuerdo con los plagiarios para dejar la cantidad de dinero requerida en la vía Santa Bárbara, estado Monagas.
Dos horas después, el comerciante fue encontrado en el sector Campo Mata, vía El Tigre.
Posteriormente, el 27 de febrero de este año, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas localizaron el cuerpo sin vida de Febres en avanzado estado de descomposición, en la localidad de Santa Rosa, estado Anzoátegui.
Tras varias diligencias de investigación, Ojeda fue aprehendido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 26 de marzo de 2010 en la ciudad de Puerto Ordaz; mientras que Adolfo Martínez y Adolfredo Martínez  fueron capturados el 28 de marzo en el mismo lugar.
En el caso de Palma, fue detenido por efectivos de la GNB el 10 de abril de 2010, en Maturín, estado Monagas.







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martes, 27 de noviembre de 2012

Privados de libertad cuatro policías de Aragua y Carabobo por secuestro de transportista

El Ministerio Público logró la medida de privación de libertad de cuatro funcionarios policiales de los estados Aragua y Carabobo, de un abogado y un estudiante de derecho, presuntamente responsables del secuestro de un  transportista, ocurrido el pasado 23 de noviembre en Villa de Cura.
            En la audiencia de presentación, los fiscales 69º nacional con competencia en materia Antiextorsión y Secuestro y auxiliar de la sala de flagrancia de Aragua, Daniel D’andrea y María Gabriela Villasana, respectivamente, imputaron al supervisor de la estación policial en Villa de Cura, Jean Luis Bravo, y al oficial Alí Segundo Arias, ambos de Aragua, y a los oficiales de la Policía de Carabobo, Jonathan Valmore Carrera y Víctor Daniel Salazar, por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado y asociación en grupo de delincuencia organizada.
            Asimismo, el abogado José Nazareth Medina y el estudiante Homero Gabriel Navarro fueron imputados por los referidos delitos.
            Adicionalmente, los dos policías de Aragua (Bravo y Arias) fueron imputados por peculado de uso y robo agravado de vehículo automotor.
            Los mencionados delitos están previstos en las leyes Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, contra el Secuestro y la Extorsión, sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores y contra la Corrupción.
            Los representantes del Ministerio Público solicitaron la medida de privación de libertad; además de la incautación de la casa en la cual mantuvieron secuestrado al hombre, dos vehículos y un arma de fuego pertenecientes a los imputados. También se requirió el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias de los presuntos involucrados.    
            En ese sentido, el Tribunal 7º de Aragua admitió la precalificación jurídica, las medidas solicitadas, dictó la medida de privación de libertad y ordenó la reclusión de Bravo, Arias, Carrera, Salazar, Medina y Navarro en el Internado Judicial de Carabobo, en Tocuyito.
            El pasado 23 de noviembre, aproximadamente a la una de la mañana, el transportista se trasladaba a bordo de un camión, cuando los policías de Aragua en labores de servicio lo habrían detenido y solicitado sus documentos. Al parecer luego llegaron los funcionarios de Carabobo, vestidos de civiles, y se llevaron al hombre en un carro.
            La investigación del caso se inició ante la denuncia de los familiares de la víctima. Los cuatros funcionarios fueron detenidos tras labores conjuntas entre el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Ministerio Público.
La víctima fue rescatada en una vivienda ubicada en Naguanagua, en Carabobo, sitio en el cual fueron detenidos el abogado y el estudiante de derecho.






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Fiscalia acusó a comerciante por almacenaje ilícito de 11 mil kilos de urea en Apure

El Ministerio Público acusó a Víctor Hugo Piñeros Barragán (47), por presuntamente almacenar ilegalmente 11 toneladas de urea, sustancia que fue incautada el 12 de octubre de 2012,  en la población de El Nula, municipio Páez del  estado Apure.
El fiscal auxiliar 12º de la referida jurisdicción, Gerald Almeida, acusó a Piñeros Barragán por la presunta comisión del delito de desvío de sustancias químicas, previsto y sancionado en el artículo 154 de la Ley Orgánica de Drogas.
            En el escrito presentado ante el Tribunal 1º de Control  del estado Apure, extensión Guasdualito, el fiscal solicitó la admisión de la acusación, el pase a juicio del hombre y que se mantenga la medida privativa de libertad contra Piñeros Barragán, quien se encuentra recluido en el Centro de Coordinación Policial de Guadualito.
El hecho ocurrió el citado día, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) realizaban labores de inspección y fiscalización en los comercios ubicados en la referida zona, dedicados a la venta de productos agrícolas y pecuarios, a fin de verificar el uso y destino que se le da a éstos.
Al llegar al local, los funcionarios chequearon la documentación del comercio y verificaron que desde marzo de 2009 se habían comprado 1.565 sacos y vendido 1.344, por consiguiente deberían quedarle 221 en el almacén; no obstante, sólo encontraron cinco sacos.
Enseguida, el hombre informó que el restante de los sacos estaba guardado en una vivienda cercana (no declarada como centro de almacenamiento) donde hallaron 218 sacos, que al totalizarlos con los cinco localizados en el almacén, representó las 11 toneladas, aunado a un excedente de dos sacos de 50 kilos cada uno.
Los funcionarios le preguntaron al propietario del local sobre la procedencia de la mercancía, y en virtud de que no pudo argumentar la tenencia de la sustancia, el hombre fue aprehendido y puesto a la orden del Ministerio Público.
Vale destacar que la Gaceta Oficial 36.545 del 23 de septiembre de 1.998, regula los procedimientos de importación, exportación o comercialización interna de urea
Dicha sustancia, además de ser un fertilizante, es un químico de uso controlado y catalizador que se usa para el procesamiento de cocaína. 






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miércoles, 21 de noviembre de 2012

Fiscalia acusó a hombre por muerte de dueña de una bodega en Nueva Esparta

El Ministerio Público acusó a Julio César Malavé (22), presuntamente responsable de la muerte de Lisneidy Carolina Carreño (29), ocurrida el pasado 24 de septiembre en la localidad de Las Guevaras Sur, municipio Díaz del estado Nueva Esparta.
Los fiscales 45º nacional y 10º de la jurisdicción, Juan Ramón Canelón y Jesús Gregorio Marcano, respectivamente, acusaron a Malavé por la presunta comisión del delito de homicidio calificado con alevosía en la ejecución de un robo, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal.
Los representantes del Ministerio Público requirieron, mediante el escrito presentado ante el Tribunal 4º de Control del estado insular, la admisión de la acusación, de las pruebas presentadas y el enjuiciamiento del hombre.
Asimismo, solicitaron que se mantenga la medida de privación de libertad contra Malavé, quien está recluido en el Internado Judicial de la Región Insular, ubicado en el sector San Antonio en Porlamar.    
Vale recordar que el pasado 24 de septiembre en horas de la madrugada, Malavé, en compañía de otros dos hombres, habría entrado a la vivienda de Carreño, ubicada en la calle Ribas de la mencionada localidad, donde también funciona una bodega.
Seguidamente, los hombres golpearon a Carreño en varias oportunidades y la hirieron con un arma blanca.
El hombre fue detenido en Punta de Piedras el pasado 20 de octubre, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en atención a una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia judicial. 






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22 años para tres personas por tráfico de 79 kilos de marihuana en Falcón

Ante la contundencia de los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, fueron condenados a 22 años y seis meses de prisión Reineiro Olivares (28), Ángel Villasmil (27) y Lucy Ibáñez (22), por traficar 79 kilos con 71 gramos de marihuana, incautados en el interior de un vehículo el 17 de marzo de 2011, en Coro, estado Falcón.
            En juicio oral y público, la fiscal 21º de esa jurisdicción, Elizabeth Sánchez, ratificó la acusación contra las tres personas por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de ocultación, y asociación para delinquir.
            Los referidos delitos están previstos y sancionados en las leyes orgánicas de Droga y Contra la Delincuencia Organizada (vigente para la fecha del hecho).
            En ese sentido, el Tribunal 2° de Juicio de Falcón, luego de analizar los argumentos expuestos por el Ministerio Público, dictó la referida condena contra las tres personas, la cual cumplirán en la Comunidad Penitenciaria de Coro.
            El citado día, los hoy condenados se trasladaban en un vehículo por el barrio San José, en Coro, cuando fueron detenidos por funcionarios de la Policía del estado Falcón, quienes realizaban labores de patrullaje por la zona.
            Los policías efectuaron la inspección correspondiente al automóvil, en la cual encontraron en un compartimiento doble fondo 85 panelas de marihuana, escondidas en la parte delantera y en la maletera de dicha unidad.
            Las tres personas fueron detenidas inmediatamente y puestas a la orden del Ministerio Público.






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martes, 20 de noviembre de 2012

Fiscalia logró condena para hombre por robo de camioneta en El Hatillo

Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado a 9 años, 10 meses y 2 días de prisión Thayler Hernández, tras admitir su responsabilidad en el robo de una camioneta, el 26 de mayo del presente año, en la avenida principal de La Boyera, municipio El Hatillo, estado Miranda.
            En la audiencia preliminar, la fiscal 154º auxiliar del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Julimer Márquez, ratificó la acusación contra Hernández por la comisión de los delitos de robo agravado de vehículo automotor, aprovechamiento de vehículo proveniente del robo, porte ilícito de arma de fuego y resistencia a la autoridad.
            Tales delitos están previstos y sancionados en la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores y el Código Penal.
            Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por el Ministerio Público, y ante la admisión de hechos por parte de Hernández, el Tribunal 7º de Control del AMC dictó la referida sentencia condenatoria contra el hombre, quien se encuentra recluido en la Penitenciaria General de Venezuela, en el estado Guárico.          
            El citado día, en horas de la madrugada, la víctima transitaba por la mencionada avenida en una camioneta de su propiedad marca Mitsubishi, modelo Montero, cuando fue interceptado por Hernández y otras dos personas, quienes lo amenazaron de muerte y lo despojaron de su vehículo.
            Minutos más tarde, funcionarios de la Policía Municipal de Baruta interceptaron la camioneta en la autopista Prados del Este (sentido centro), por lo que el ahora condenado fue aprehendido y puesto a la orden del Ministerio Público.
            Vale destacar que al momento de su detención, Hernández se resistió a la aprehensión y los efectivos policiales le incautaron un arma de fuego tipo pistola marca Glock.







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lunes, 19 de noviembre de 2012

Imponen a hombre la siembra de 2 mil árboles de saqui saqui y caoba en Barinas

El Ministerio Público logró que a Alexander Pérez Díaz (58), se le impusiera la siembra de 2 mil árboles de las especies saqui saqui y caoba en el estado Barinas, tras admitir que causó un daño ambiental en una finca ubicada en el sector La Michay Abajo, municipio Antonio José de Sucre, el 25 de enero de 2009.

En la audiencia preliminar, el fiscal 11° de esa jurisdicción con competencia en Defensa Integral del Ambiente, José Nicola Iamartino, ratificó la acusación contra el citado hombre por la comisión del delito de aprovechamiento de especies forestales sujetas a veda, previsto y sancionado en el artículo 107 de la Ley de Bosques y Gestión Forestal, vigente para la época. 

Tal delito prevé una pena de tres a nueve años de prisión para quien aproveche ilegalmente especies forestales o vegetales sujetas a veda o árboles semilleros de aprovechamiento controlado.

Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por el fiscal y ante la admisión de hechos por parte del hombre, el Tribunal 2° de Control del estado Barinas acordó la suspensión condicional del proceso por el lapso de un año y le impuso a Pérez Díaz la obligación de reforestar en dicho tiempo la zona afectada con 2 mil árboles.

El día del hecho, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana realizaban labores de patrullaje en el referido sector, donde observaron 157 piezas de madera almacenadas por Pérez Díaz, quien no contaba con la permisología correspondiente.

De esta manera, los efectivos castrenses constataron la acción realizada contra la flora, por lo que el hombre fue aprehendido en flagrancia y puesto a la orden del Ministerio Público.

 

 

 

 

 

 

 

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