martes, 2 de octubre de 2012

Fiscalia logró que se impusiera a dos hermanos la donación de 50 árboles en Guárico

El Ministerio Público logró que se impusiera a los hermanos Leovaldo y Dinora Guevara, la donación de 50 plantas al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente del estado Guárico, luego de admitir haber talado árboles en una zona de reserva forestal, ubicada dentro de un hato en el municipio Chaguaramas, de dicha jurisdicción, hecho que fue denunciado el 16 de noviembre de 2011.
            En la audiencia preliminar, el fiscal 22º de dicho estado, Leomar León, ratificó la acusación contra los dos hermanos por la comisión del delito de aprovechamiento de especies del patrimonio forestal, previsto y sancionado en la Ley Penal del Ambiente.
Dicha norma establece en su artículo 71: “Quien aproveche ilegalmente especies del patrimonio forestal sujetas a veda será sancionado con prisión de uno a cinco años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a cinco mil unidades tributarias (5.000U.T.)”.
En ese sentido, y ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, los dos hermanos admitieron su responsabilidad en el hecho ante el Tribunal 5º de Control de Guárico, instancia que acordó la suspensión condicional del proceso durante un año e impuso la obligación de la donación antes mencionada.
Asimismo, se les impuso recibir una charla sobre protección ambiental, además, la mujer deberá elaborar y donar 50 franelas alusivas a la conservación de la naturaleza, mientras que el hombre le corresponderá pintar un mural con un mensaje referente a la preservación del medio ambiente.
La denuncia fue realizada por el propietario del hato, quien explicó que la actividad de tala ocurría desde mayo de 2011, pues vecinos del lugar se percataron que los hermanos Guevara cortaban árboles de la especie araguaney (acapro) y virote.
Luego de varios procedimientos coordinados por el Ministerio Público y ejecutados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, se determinó la vinculación de los hermanos Guevara con el hecho.






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Fiscalia acusó hombre por el homicidio de su tío y herir a hermano y a su padrastro en Amazonas

El Ministerio Público acusó a Ewin Carrillo (27) por su presunta responsabilidad en la muerte de su tío Jhoanny Orozco (29), así como por herir a su padrastro, Bernardo García, y a su hermano de 16 años de edad, el pasado 12 de agosto, en el sector Parcelamiento Ayacucho, municipio Atures del estado Amazonas.
El fiscal 2º de la referida jurisdicción, José  Jorge Guía, acusó al hombre por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones, previstos y sancionados en el Código Penal.
En el escrito presentado ante el Tribunal 2º de Control, el fiscal solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del hombre y que se mantenga la medida privativa de libertad para Carrillo, quien se encuentra recluido en el Centro de Detención Judicial de Amazonas.
El día del hecho, en horas de la noche, Carrillo se encontraba compartiendo con parte de su núcleo familiar en el referido parcelamiento, cuando se presentó un altercado entre el hombre y el resto de los asistentes.
Posteriormente, el imputado habría herido a su tío en el abdomen con un arma blanca causándole la muerte. Durante el suceso también resultaron lastimados el hermano y el padrastro de Carrillo.
En medio de la situación, Carrillo se habría infringido dos heridas con la misma arma con que hirió de muerte a su tío e hirió a sus otros dos familiares. Posteriormente, fue trasladado al Hospital José Gregorio Hernández, donde permaneció recluido hasta que se realizó la audiencia en la referida instancia judicial.






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12 años de prision contra hombre que arrolló a joven en pique de carro

Ante la acusación del Ministerio Público, fue condenado a 12 años de prisión Randy De León Valdivieso (23), por la muerte por arrollamiento de Joandry Hernández Sánchez (18) ocurrida el 09 de junio de 2011, cuando éste  participaba en un pique de carros en el municipio Bermúdez, Carúpano, estado Sucre.
            Durante el juicio, la fiscal 7º del segundo circuito judicial de la citada jurisdicción, Elvismary Hernández, ratificó la acusación contra el hombre por el delito de homicidio intencional simple a título de dolo eventual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 405 del Código Penal en relación con la sentencia N° 490 de carácter vinculante de la Sala  Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
            Luego de evacuadas las pruebas, el Tribunal 1º de Juicio de Carúpano dictó la sentencia condenatoria contra De León Valdivieso, quien permanece recluido en el centro de coordinación policial José Francisco Bermúdez de la policía del estado Sucre. 
            El citado día, aproximadamente a las 10:40 de la mañana, el hombre se trasladaba por la vía principal Carúpano-Cariaco, sector Las Cabañas de la parroquia Bolívar del prenombrado municipio, en un carro modelo Corsa, color rojo.
El ahora condenado participaba en una competencia de velocidad con otro auto del mismo modelo, cuando perdió el control de su carro y arrolló a Hernández Sánchez, quien se encontraba enfrente de su casa.
No obstante, el conductor prosiguió su marcha hasta impactar con un camión que estaba estacionado en la vía y, finalmente, chocó contra un poste de electricidad.
Valdivieso fue auxiliado y trasladado hasta el hospital Santos Aníbal Dominicci, donde luego de ser dado de alta médica fue llevado al comando de la policía regional, para su presentación ante el tribunal de control.
Vale recordar que el 12 de abril de 2011, por sentencia N° 490, la Sala Constitucional del TSJ declaró con lugar el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión de la Sala Penal del 29 de octubre de 2009, que señalaba que el dolo eventual no estaba contemplado en la legislación venezolana.






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Fiscalia acusó a dos hombres por muerte de mujer tras explosión de granada en local comercial en Apure

El Ministerio Público acusó a Luis Darwin Torrealba Castro (20) y a Carlos Tovar Pizarro (30), por presuntamente ser los responsables de la explosión de una granada en un establecimiento de comida ubicado en el municipio San Fernando del estado Apure, acción que ocasionó la muerte de Karina Silva Padrón (28), mientras que otras cuatro personas resultaron heridas.
El hecho ocurrió en horas de la noche del pasado 02 de agosto, en la avenida Carabobo del citado municipio.
Los fiscales 78° nacional y auxiliar y 2° de la referida jurisdicción, Gustavo Li Chang, Jairo Flores y Néstor Gámez, respectivamente, acusaron a Torrealba Castro y Tovar Pizarro por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir, homicidio calificado con alevosía, en perjuicio de Silva Padrón; y el mismo delito pero en grado de frustración respecto a las cuatro personas que resultaron heridas.
Adicionalmente, Torrealba fue imputado por la presunta comisión del delito de ocultamiento de arma de guerra.
En el escrito presentado ante el Tribunal 2° de Control del estado Apure, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los Torrealba Castro y Tovar Pizarro y que se mantenga la privativa de de libertad para los hombres, quienes se encuentran recluidos en el Internado Judicial San Fernando.
De acuerdo con la investigación, las víctimas estaban fuera del local comercial, cuando unas personas a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo (granada) contra dicho establecimiento.
Tras el hecho, resultaron heridas cinco personas, una de ellas (Karina Silva Padrón) falleció el 03 de agosto, en horas de la mañana, en el Hospital Pablo Acosta Ortiz, ubicado en San Fernando de Apure.
Luego de labores de investigación, se determinó la vinculación de Torrealba Castro y Tovar Pizarro con el hecho, por lo que fueron aprehendidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y puestos a la orden del Ministerio Público.
Vale destacar que al momento de la aprehensión de Torrealba, tenía en su poder otra granada.





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lunes, 1 de octubre de 2012

Fiscalia acusó a dos hombres por muerte de profesor de la UDO en Margarita

El Ministerio Público acusó a Luis Ramón Fernández (22) e Isidoro José Velásquez (32), por estar presuntamente vinculados con la muerte del profesor de la Universidad de Oriente, Abraham Gamboa Agreda (47), ocurrida el pasado 28 de agosto en la calle Catia del sector El Dátil, municipio Díaz del estado Nueva Esparta.
Los fiscales 10º de la jurisdicción y auxiliar, Jesús Marcano y Roanny Fina, respectivamente, acusaron a Fernández por ser el presunto autor del delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en perjuicio de Gamboa.
Asimismo, los representantes del Ministerio Público acusaron a  Velásquez por el mencionado delito pero en grado de complicidad.
Adicionalmente, ambos hombres fueron acusados por el delito de agavillamiento, previsto y sancionado en el Código Penal.
En el escrito consignado ante el Tribunal 4º de Control de Nueva Esparta, los fiscales requirieron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de ambos hombres y que se mantenga la medida de privación de libertad contra Fernández y Velásquez, quienes están recluidos en el Internado Judicial de la Región Insular, ubicado en San Antonio.
El mencionado día, el docente se encontraba en la entrada de su casa, ubicada en el citado sector, cuando presuntamente Fernández y Velásquez llegaron al sitio, a bordo de un taxi. Luego, Fernández se acercó a la víctima y, tras una discusión, le disparó.
Velásquez fue detenido el 30 de agosto, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, en atención a una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 4º de Control. Ese mismo día, fue detenido Fernández.







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Privan de libertad a hombre por muerte de su cónyuge en el estado Falcón

El Ministerio público logró la privativa de libertad para Oriel Castro (26), por presuntamente ser responsable de la muerte de su cónyuge Belkis González (27), ocurrida el pasado 26 de septiembre, en la Península de Paraguaná, estado Falcón.
            En la audiencia de presentación, el fiscal 16º de esa jurisdicción, Jesús Crespo, imputó a Castro por la presunta comisión del delito de homicidio calificado con los agravantes establecidos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal.
            En ese sentido, el Tribunal 3º de Control de Falcón, con base en los elementos de convicción expuestos por el fiscal, dictó la medida privativa de libertad para el imputado y fijó como sitio de reclusión la Comunidad Penitenciaria de Coro.
            De acuerdo con la investigación, en horas de la noche del 23 de septiembre, se presentó una discusión entre la pareja en su vivienda, ubicada en la población El Supí, por lo que Castro habría encerrado a la víctima en un baño y presuntamente le prendió fuego.
            Al día siguiente, el hombre fue aprehendido por funcionarios de la Policía del estado Falcón, en el hospital Dr. Rafael Calles Sierra, ubicado en Punto Fijo.
            Vale destacar que la víctima falleció el 26 de septiembre en el referido centro hospitalario.






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Fiscalia logró condena de 27 años para hombre por muerte de funcionaria de la Contraloría del estado Mérida

Ante la contundencia de los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, fue condenado a 27  años y 10 meses de prisión Robert Pirela, por su responsabilidad en la muerte de la funcionaria de la Contraloría del estado Mérida, Isabel Teresa Rivas, quien recibió varios disparos el 16 de octubre de 2008, en el municipio Libertador de esa jurisdicción.
            Durante el juicio oral y público, el fiscal 2º del estado Mérida, Wilson Iguarán, ratificó la acusación contra Pirela por la comisión de los delitos de sicariato en grado de complicidad y simulación de hecho punible, previstos y sancionados en la Ley contra la Delincuencia Organizada (vigente para el momento del hecho) y el Código Penal.
            En ese sentido, el Tribunal 2º de Juicio de Mérida, luego de analizar los argumentos y medios de prueba expuestos por el Ministerio Público, dictó la referida condena contra el hombre, quien se encuentra recluido en la Cárcel Nacional de Maracaibo, ubicada en Sabaneta, estado Zulia.
            El citado día, en horas de la mañana, la víctima salía de su residencia ubicada en la urbanización El Bosque, cuando fue sorprendida por dos personas a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en diversas ocasiones.
            Pese a ser trasladada al Hospital Universitario de Mérida, Rivas falleció el 18 de octubre a consecuencia de los disparos recibidos.
            Por su parte, el día del hecho Pirela se dirigió a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para denunciar el hurto de su motocicleta, la cual fue la utilizada por los victimarios de la mujer.
            En ese momento, los efectivos del Cicpc detuvieron al hoy condenado debido a que no existían los elementos necesarios para demostrar que el vehículo había sido hurtado, tal y como lo relató Pirela.
            Tras la investigación coordinada por el Ministerio Público, se logró comprobar que la motocicleta del hombre no había sido hurtada, sino que Pirela  prestó el vehículo a las dos personas que le dispararon a Rivas. 






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