viernes, 3 de agosto de 2012

Fiscalia logró condena para hombre que disparó contra varias personas en una discoteca en Las Mercedes

Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión Carlos Miguel Álvarez Ojeda, quien, en estado de embriaguez y desde un vehículo en marcha, disparó contra varias personas en la entrada de una discoteca en Las Mercedes, municipio Baruta del estado Miranda, el 5 de diciembre de 2008.
            La decisión se tomó sin la presencia del ahora condenado, quien el día de la audiencia en que se iba a dictar sentencia, prefirió sustraerse del proceso penal, es decir, declararse en contumacia.
Vale destacar que la acción del ahora prófugo de la justicia, causó la muerte de María Gabriela Andrade (27), heridas graves a un compañero de trabajo de la víctima y a un cliente del local.
            Durante el juicio, los representantes de la fiscalía 151° para intervenir en las fases intermedia y de juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Suyín Pino y Alberto Rodríguez, respectivamente, ratificaron la acusación contra el referido hombre por la comisión del delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en perjuicio de la joven anfitriona, quien trabajaba en una discoteca ubicada entre las calles New York con Madrid, urbanización Las Mercedes.
            Igualmente, los fiscales ratificaron la acusación contra Álvarez Ojeda por la comisión del delito de homicidio calificado en grado de frustración en perjuicio del empleado de seguridad del local y un cliente del establecimiento comercial.
             Una vez evaluados los órganos de pruebas presentados por el Ministerio Público, el Tribunal 12° de Juicio del AMC, dictó la referida sentencia condenatoria.
 Álvarez Ojeda, quien tenía medidas cautelares de presentación periódica, optó por no asistir a la última audiencia de juicio en la que se tomaría la decisión, situación que obligó al Tribunal de la causa a declararlo en contumacia, conforme con lo establecido en el artículo 327 de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que tiene vigencia anticipada desde el 12 de junio del presente año.
Dicha norma establece que “…En caso que el acusado o acusada en estado contumaz se niegue a asistir al debate, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído en el proceso, por lo que se procederá a realizar el debate fijado con su defensor o defensora, si asiste, o en su defecto con un defensor o defensora pública que se le designará a tal efecto; de igual manera se procederá en caso que el acusado o acusada que esté siendo juzgado o juzgada en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva, no asista al debate injustificadamente…”.
            De esta manera, se dictó la condenatoria contra el citado hombre, quien deberá ser aprehendido por las autoridades policiales a los fines de cumplir la pena impuesta.
            De acuerdo con la investigación, Álvarez Ojeda sostuvo un altercado en la discoteca con personal de seguridad del local debido a su estado de embriaguez.
Tal situación motivó a los empleados del establecimiento a solicitarle que se marchara del lugar, no sin que antes el ahora condenado amenazara de muerte a varios de los presentes.
            Poco después, desde un vehículo Chevrolet azul, modelo Corsa, el hombre realizó varios disparos contra la sede de la discoteca, hecho que causó varios impactos de bala en María Gabriela Andrade, quien fue trasladada hasta el Centro de Diagnóstico Integral de Chuao, donde  ingresó sin signos vitales.
             Los otros dos heridos recibieron impactos de bala en las piernas, tórax, antebrazo y mano, pero se recuperaron de las lesiones.
Posteriormente, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas practicaron la aprehensión de Álvarez Ojeda en un sector de Chacao. 






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Fiscalia investiga explosión de granada en local comercial del estado Apure

El Ministerio Público designó al fiscal 2º de Apure, Néstor Gámez, para investigar la explosión de una granada que fue arrojada contra un establecimiento de comida, ubicado en el municipio San Fernando del mencionado estado, acción que ocasionó la muerte de una mujer, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas.
El hecho ocurrió en horas de la noche del pasado jueves 02 de agosto, en la avenida Carabobo del citado municipio.
En ese sentido, el fiscal  coordina las actuaciones que realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, a fin de determinar las responsabilidades penales en el hecho.
Entre las actuaciones realizadas están: la inspección técnica del sitio del suceso, fijación fotográfica del lugar, entrevistas a testigos y recolección de elementos de interés criminalístico.
Según información preliminar, las víctimas estaban fuera del local comercial, cuando unas personas a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo (granada) contra dicho establecimiento.
Tras el hecho, resultaron heridas cinco personas, una de ellas falleció este viernes, en horas de la mañana, en el Hospital Pablo Acosta Ortiz, ubicado en San Fernando de Apure.






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miércoles, 1 de agosto de 2012

Fiscalia condena de 17 años de prisión para hombre por abuso sexual de adolescente con necesidades especiales

Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión Adon Antonio Sánchez (29), tras haber abusado sexualmente de una adolescente (16) con necesidades especiales, hecho ocurrido el 13 de mayo de 2011, en el municipio Alberto Adriani del estado Mérida.
             Durante la audiencia de juicio oral y público, la fiscal 18° de esa jurisdicción, Teresa Rodríguez, ratificó la acusación contra Sánchez por la comisión del delito de acto carnal con víctima especialmente vulnerable, previsto y sancionado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
            En ese sentido, el Tribunal de Juicio 2º del estado Mérida, luego de evaluar las pruebas presentadas por la representante del Ministerio Público, dictó la referida sentencia condenatoria contra el hombre, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de la Región Andina, ubicado en San Juan de Lagunillas.
            El citado día, en horas de la mañana, la adolescente caminaba por el sector Alta Vista, cuando fue abordada por Sánchez, quien le ofreció trasladarla en su vehículo hasta su casa.
            Seguidamente, el hombre se desvió hasta un cementerio ubicado en ese municipio, donde procedió a abusar sexualmente de ella.
            Horas más tarde, tras la denuncia por parte de la víctima y sus familiares, funcionarios de la policía del estado Mérida aprehendieron al hombre por lo que fue puesto a la orden del Ministerio Público.






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Fiscalia acusó a cuatro funcionarios del Cicpc por solicitar dinero para liberar a comerciante

El Ministerio Público acusó a cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por presuntamente solicitar 400 mil bolívares a unas personas para dejarlas en libertad, hecho ocurrido el 07 de junio en Maracaibo, estado Zulia.
            El fiscal 25º de la citada jurisdicción, Manuel Núñez, acusó a Marcos Roo, Carlos Vásquez, Manuel Barrios y Jefren Durán por la presunta comisión de los delitos de concusión, asociación para delinquir, privación ilegítima de libertad y violación agravada de domicilio.
            Tales delitos están previstos y sancionados en las leyes contra la Corrupción y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, además del Código Penal.
            En el escrito presentado ante el Tribunal 7º de Control del Zulia, el fiscal solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los funcionarios y que se mantenga la medida privativa de libertad para Roo, Vásquez, Barrios y Durán, quienes se encuentran recluidas en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite.
            El citado día, los funcionarios ingresaron a la casa de una familia sin poseer una orden judicial, bajo la justificación de que supuestamente poseían armas de manera ilícita.
            Seguidamente, los efectivos policiales se llevaron detenido a un integrante de la familia y en el trayecto le habrían solicitado dinero a cambio de su liberación.
            Posteriormente, los Cicpc fueron aprehendidos tras una entrega controlada de dinero supervisada por el Ministerio Público y ejecutada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
            En el caso de Barrios y Durán, fueron detenidos días después tras una orden de aprehensión solicitada ante la referida instancia judicial el 09 de junio.







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Fiscalia imputó a un hombre por aprovechamiento ilegal de madera en Guárico

El Ministerio Público imputó a Eneas Lara Sequera, quien fue detenido el 23 de julio en la carretera nacional Calabozo-Dos Caminos, municipio Ortiz del estado Guárico, por presuntamente haberse aprovechado ilegalmente de especies forestales en veda.
            En la audiencia de presentación, la fiscal 22° con competencia en Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental de esa jurisdicción, Ana Rodríguez, imputó al hombre por la presunta comisión del delito de aprovechamiento ilegal de especies forestales sujetas a veda.
Tal delito está previsto y sancionado en el artículo 107, ordinal 4° de la Ley de Bosques y Gestión Forestal, que establece una pena de tres (3) a nueve (9) años para quien aproveche ilegalmente especies forestales o vegetales sujetas a veda o árboles semilleros de aprovechamiento controlado.
            Asimismo, la representante del Ministerio Público solicitó al Tribunal 2° de Control de Guárico se le dictaran a Lara Sequera medidas cautelares sustitutivas de libertad, consistente en presentación periódica cada 30 días ante la citada instancia judicial.
Una vez evaluados los elementos de convicción y la solicitud de la fiscal, el Tribunal acordó la citada medida.
El día antes mencionado, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana realizaron un recorrido por el citado sector, cuando observaron que el hoy imputado construía una cerca para delimitar los linderos de su finca.
Los efectivos procedieron a realizar una inspección en el inmueble, donde encontraron 200 estantillos de madera de la especie pardillo negro, el cual se encuentra en veda, además 500 de pardillo amarillo.
Al momento de solicitar la permisología correspondiente, Lara Sequera no pudo demostrar la procedencia de la madera.
Por tal motivo, el hombre fue aprehendido en flagrancia y puesto a la orden del Ministerio Público.






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Fiscalia logró el pase a juicio de nueve personas por robo a posada en el Parque Nacional Morrocoy

Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el enjuiciamiento de ocho hombres y una mujer por su presunta participación en el robo ocurrido el pasado 19 de febrero, en una posada ubicada en el Parque Nacional Morrocoy, estado Falcón.
En la audiencia preliminar, los fiscales 44° nacional y 5° auxiliar de esa jurisdicción, Hahkell Escalona y Robert Lucas, respectivamente, ratificaron la acusación contra Jonathan Veliz y Kennedy González por la presunta comisión de los delitos de robo agravado en grado de coautores
También, contra ambos hombres se les ratificó la acusación como coautores en el delito de robo agravado de vehículo automotor.
Por otra parte, los representantes del Ministerio Público ratificaron la acusación contra Renso Mesa por los dos delitos antes mencionados pero en grado de cooperador inmediato.
Adicionalmente, los fiscales ratificaron la acusación contra Rafael Veliz, Víctor Carballo, Elis Lugo, Maximilet Orozco, Doris Veliz y Gregori Veliz, en la presunta comisión de los delitos de robos agravados señalados, pero en calidad de cómplices no necesarios.
Asimismo,  se ratificó la acusación contra las nueve personas por el delito de asociación para delinquir.
La audiencia se realizó en el Tribunal 2º de Control del estado Falcón, instancia que admitió la acusación, ordenó el pase a juicio para Jonathan Veliz, Kennedy González y Renso Mesa, quienes permanecen recluidos en la Comunidad Penitenciaria de Coro.
De igual manera, la citada instancia judicial ordenó el pase a juicio de las otras seis personas, a quienes se les mantiene una medida cautelar de arresto domiciliario, debido a su presunta participación como cómplices en el hecho.
El 19 de febrero de este año, en horas de la noche, varios hombres ingresaron a la posada La Esmeralda, ubicada dentro del Parque Nacional Morrocoy, en la que sometieron con armas de fuego a 10 familias que allí se alojaban.
Los victimarios consiguieron ingresar a todas las habitaciones, pues sustrajeron las llaves de la recepción de la posada.
Las víctimas fueron encerradas en uno de los cuartos mientras los hombres se llevaban todas sus pertenencias, entre las que se encuentran: prendas de vestir, teléfonos celulares, dinero en efectivo, tarjetas de crédito y débito, televisores de la posada y dos vehículos.
Luego de un procedimiento coordinado por el Ministerio Público y ejecutado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el pasado 20 de febrero, fueron aprehendidas las nueve personas en una vivienda propiedad de Elis Lugo, ubicada en el sector Sanare, vía Chichiriviche.
En dicha residencia se encontraron diversos elementos de interés criminalísticos relacionados con el robo, entre ellos, siete televisores, radios reproductores, dinero en efectivo, prendas de oro, cámaras fotográficas, celulares y varias armas de fuego.
De igual forma, fueron incautados cuatro vehículos, entre ellos una camioneta Toyota Fortuner, propiedad de una de las víctimas.







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Un cubano y mexicana acusados del robo de Matisse

Un gran jurado federal de Estados Unidos acusó a un cubano y una mexicana por su participación en el misterioso robo del cuadro "Odalisca con pantalón rojo", del pintor francés Henri Matisse, que fue robado en Venezuela en 2002.

Pedro Antonio Marcuello
, de 46 años, y María Martha Elisa Ornelas, de 50 años, fueron acusados de conspiración, transporte y posesión de propiedad robada. Reseñó BBC Mundo.

Ambos acusados están bajo custodia policial, luego de que fueron arrestados el 17 de julio en un hotel de Miami Beach, en el estado estadounidense de Florida, cuando agentes del FBI se hicieron pasar por compradores.

Un juez les había negado la libertad bajo fianza, y de ser declarados culpables podrían pasar hasta diez años en la cárcel. 






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